La decisión del reajuste del 5% del salario mínimo legal (SML) a través del Decreto N° 6225, firmado por el presidente Santiago Peña, generó un airado rechazo por parte de varios gremios empresariales, que repudian el incremento por encima de la inflación y advierten sobre el eventual impacto en la economía.

 

Los empresarios critican que no se haya tenido en cuenta criterios técnicos y que el incremento podría tener un impacto en la planificación de inversiones, operaciones y hasta incluso la competitividad.

 

Medida Cultural. Desde la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) consideraron que la medida de reajuste por decisión coyuntural afecta la previsibilidad para las empresas y genera incertidumbre para la planificación de inversiones y operaciones.

 

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que su principal cuestionamiento no radica en el porcentaje del incremento, sino en el mecanismo utilizado para su aplicación.

 

Según se señaló en el comunicado, una decisión adoptada por decreto, por encima de la referencia técnica establecida por la inflación, deja a las empresas expuestas a criterios discrecionales de las autoridades de turno.

 

“Hoy es un aumento del 5%, pero mañana podría ser del 10%”, advirtió la organización, al tiempo de remarcar que la ausencia de reglas claras y estables desalienta la inversión y aleja al país de las buenas prácticas en materia económica.

 

El gremio destacó que el reajuste aprobado duplica la referencia técnica de inflación. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual alcanzó el 2,4%, porcentaje que respaldaba el sector empleador, los sindicatos reclamaban un incremento del 22,3%. Finalmente, el Gobierno dispuso un aumento del 5%.

 

Según Asimcopar, esta decisión obliga a las empresas a recalcular sus estructuras de costos y dificulta la proyección de sus operaciones a mediano y largo plazo.

 

La organización también alertó sobre las consecuencias que podría tener la medida para la competitividad del país.

 

Indicó que uno de los principales activos de Paraguay es su baja inflación, pero señaló que el salario mínimo local, que ya se encuentra entre los más elevados de la región, amplía ahora su diferencia con Brasil.

 

Más críticas. Luis Tavella, presidente de la Federación de Mipymes, criticó la “peligrosa medida” que impactará no solo en los salarios, sino también en aguinaldos, indemnizaciones y aportes al seguro social.

 

Consideró que si el Poder Ejecutivo dispondrá por decreto los aumentos entonces debe disolver el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam).

 

Por otra parte, Enrique Duarte, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), también se posicionó duramente en contra de la medida tomada por el presidente Santiago Peña.

 

Al respecto, dijo que impactará en la competitividad en el país. Lamentó que el Poder Ejecutivo no respeta el marco jurídico establecido.

 

Pese al anuncio de la difusión de un comunicado entre Feprinco y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) hasta el cierre de la edición impresa no socializaron el documento correspondiente.

 

Los empresarios de varios sectores debatieron durante horas el contenido del comunicado, pero informaron que no se llegó a un acuerdo hasta el cierre de esta edición.

 

3.044.000 guaraníes es el monto reajustado desde el 1 de julio del salario mínimo legal vigente.

144.952 guaraníes corresponde a la cifra del incremento salarial que corresponde al 5%.

Importadores critican la prevalencia de la política

Iván Dumot, titular del Centro de Importadores del Paraguay, cuestionó que el reajuste del 5% haya sido oficializado sin criterios técnicos, priorizando el impacto político, al anunciarse durante un acto de la ANR. Señaló que esta situación socava la confianza de los inversionistas extranjeros en el país. “Es una demostración de que la inseguridad jurídica es la más importante debilidad de nuestro sistema y la que realmente coloca en ascuas la inversión privada”, dijo en declaraciones a Radio Monumental. Aseguró que los números anunciados no satisfacen “ni a los empresarios ni a los trabajadores” e insistió en que lo que hace es desmoronar el sistema jurídico. “El fondo de la cuestión es que el índice del BCP no es creíble, 2,4% no es la inflación real que sufre el trabajador. Esto es lo que se debería atacar”.

 

Centrales obreras rechazan ajuste y anuncian probable huelga

 

El reajuste del salario mínimo en G. 144.952, que representa solo el 5%, es rechazado por las centrales obreras porque no compensa el pedido del sector que fue del 20% (G. 647.021) ni la pérdida del poder adquisitivo.

 

José Pineda, vicepresidente de la de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), en conferencia de prensa, repudió el aumento del salario mínimo, debido a que no compensa el pedido del sector. Sostuvo que queda pendiente un reajuste de G. 500.000.

 

“Para nosotros el 5% presentado por presidente de la República es absolutamente insuficiente, por eso rechazamos ese aumento porque la pérdida que tiene el sector trabajador hoy es demasiado importante”, dijo.

 

Consideró que el anuncio del aumento del 5% se hizo en un “espacio no muy propicio”. El presidente Peña anunció primero a los dirigentes del Partido Colorado, antes de que a los trabajadores acerca de la decisión del reajuste por encima del índice de precios al consumidor (IPC).

 

Para Pineda, Peña tomó la decisión con premura y sin leer la recomendación técnica del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam). El dirigente sigue sosteniendo que la inflación interanual reportada por el Banco Central del Paraguay (BCP) “no mide la variación del costo de vida de la canasta básica y sirve únicamente para la política macroeconómica.

 

Ante este escenario las centrales obreras prevén tres acciones y no descartan una huelga general, anunció Ramón Ávalos, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Primero, harán un Congreso Unitario de Trabajadores para definir medidas como una huelga general. Luego, una denuncia internacional ante la ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la violación del Convenio 95 sobre la protección del salario por parte del Estado.

 

Y, una iniciativa popular legislativa que proponga el desarrollo de un proyecto de ley para modificar estructuralmente la fórmula de reajuste.