El ministro de Hacienda, Santiago Peña, defendió nuevamente ayer la legalidad de los cambios introducidos al régimen del impuesto a la renta personal (IRP).

 

El secretario de Estado insistió en que el Decreto 6560/16 que modificó el sistema de liquidación del IRP se ajustó a los principios de legalidad y descartó la posibilidad de derogar la normativa.

 

En comunicación con la 1080 AM, remarcó que el Gobierno está abierto al diálogo con gremios empresariales y contables, pero afirmó que si alguien cree en la ilegalidad del decreto presidencial debe recurrir a la Justicia.

 

"Desde nuestra óptica no hay ninguna duda sobre la legalidad (...). Paraguay es un país que tiene enormes problemas de desigualdad y tenemos un régimen tributario que promueve esa desigualdad. Es eso lo que nosotros queremos revertir dentro de lo que nos permite la ley", manifestó Peña.

 

"Y si así no lo hiciéramos, existen los mecanismos y las instancias para poder apelar a esos actos, pero no es a través de la prensa, no es a través de las amenazas de que se van a presentar pedidos de inconstitucionalidad. Si hay alguien que cree que es inconstitucional, pues tiene que presentar (la acción)", agregó.

 

En ese sentido, dos semanas atrás la viceministra de Tributación, Marta González, también había defendido las modificaciones y desafío a los empresarios a accionar ante la Justicia para frenar al IRP.

 

En contra. La Comisión Permanente del Congreso dio a conocer el miércoles cuatro dictámenes que sostienen que los cambios introducidos al IRP violan principios legales y constitucionales.

 

Los informes fueron elaborados por el Colegio de Abogados del Paraguay, Colegio de Contadores del Paraguay, el Estudio Jurídico Nora Ruoti y Asociados, y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.

 

Los dictaminantes cuestionan, principalmente, las limitaciones a las inversiones y gastos deducibles, y la retroactividad que pretende instalar Hacienda para la liquidación del tributo del ejercicio fiscal del 2016.

 

Concluyeron que el Decreto 6560/16 y la Resolución 104/16 de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) deben ser derogados, de lo contrario el Gobierno se podría exponer a masivas acciones judiciales.

 

Para el ministro Peña, se debe evitar entrar a una lucha de dictámenes y reiteró que solo el Poder Judicial podrá determinar la legalidad o ilegalidad de las modificaciones.

 

Formulario. Por otra parte, la viceministra de Economía, Lea Giménez, anunció que en estos días se tendría un comunicado oficial sobre el nuevo formulario que será utilizado para liquidar el IRP desde este año.

 

La subsecretaria de Estado mencionó que se recibieron numerosas recomendaciones sobre el proyecto puesto a consideración de los contribuyentes y en estos momentos los técnicos de Tributación están trabajando en las modificaciones necesarias para que el nuevo formulario no sea una complicación para los ciudadanos.

 

"Seguramente mañana (por hoy) estaríamos emitiendo una postura definitiva sobre el tema. Estamos evaluando las sugerencias", refirió.

 

Esta propuesta, alzada a la web por alrededor de tres semanas, también generó duros cuestionamientos de contadores y expertos tributaristas.

 

Aseguraron que se pretendía convertir el formulario en una especie de declaración jurada del contribuyente y que incluso estaría violando la intimidad familiar, al pedir información de los familiares del ciudadano y del régimen matrimonial.